Ecologistas en Acción Región Murciana ha entregado al Fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo toda la información de que dispone en relación al vertedero ubicado en una zona protegida.
Tras varios años de denuncias, y el incumplimiento de varias resoluciones de cierre, el vertedero clandestino –ubicado en zona protegida- ha sido cerrado en apariencia, pero no se ha restaurado la zona afectada por los vertidos, que sigue presentado un aspecto deplorable.
Ecologistas en Acción ha trasladado recientemente al Fiscal de Medio Ambiente toda la información de que dispone, incluidas las denuncias y escritos presentados en los últimos años por la organización, en referencia al vertedero ilegal de Blanca. Y un documento en el que se detalla las numerosas infracciones que –a juicio de esta organización- se habrían cometido al permitir el funcionamiento de unas instalaciones que, como ha quedado demostrado en la vía administrativa, no contaban con ningún tipo de autorización.
El grupo ecologista ha denunciado en reiteradas ocasiones que, a pesar de las resoluciones de cierre dictadas tras las denuncias presentadas en los últimos años, tanto la empresa gestora del vertedero, como el propietario de las instalaciones –el ayuntamiento de Blanca- han mantenido en funcionamiento las mismas, ocasionando un importante deterioro ambiental en un espacio natural protegido.
El vertedero ilegal de Blanca ocupa una parcela de monte público catalogado (Monte Municipal Consorciado Nº 41 denominado “La Navela y El Solán”), propiedad del Ayuntamiento de Blanca y está dentro de una zona protegida: Zona Especial de Protección para las Aves (ZEPA) Sierra de Ricote-La Navela.
Los vertidos que en los últimos años se han arrojado sin ningún tipo de control, habrían afectado, además, a un cauce público: la Rambla de San Roque. La organización ecologista ha mostrado su especial preocupación ya que existe –además del impacto ambiental en una zona de gran valor ecológico- un grave riesgo de incendio-.
Ecologistas en Acción entiende, por tanto, que -independientemente de que se haya producido su clausura recientemente- podría haber responsabilidades penales que deben investigarse, y ha transmitido a la Fiscalía su preocupación porque haya estado en funcionamiento durante al menos seis años con total normalidad un vertedero en un espacio natural protegido, sin contar para ello con ninguna autorización ni urbanística ni ambiental.
La asociación entiende que los responsables del vertedero (empresa gestora y ayuntamiento de Blanca) podrían haber incurrido en un delito contra los recursos naturales y medio ambiente (tipificado en el Código Penal art. 325 a 331). Y ha advertido que el aparente cierre del vertedero no es suficiente, ya que la zona presenta un aspecto deplorable, con toneladas de residuos acumulados, que en todos estos años han enterrando la vegetación natural del lugar.
Ecologistas en Acción considera que el aparente cierre de las instalaciones no debe poner punto final a este asunto y demanda que se investiguen las responsabilidades penales que pudiese haber y que se obligue a los responsables al pago de los costes que resulten de la regeneración y recuperación ambiental del entorno afectado por el vertedero.
